Los padres demandarán a Figar por cerrar varios colegios públicos en Madrid

La FAPA Giner de los Ríos ha anunciado que ultima la presentación de una demanda por un posible delito de prevaricación contra la Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, por el cierre de varios centros educativos públicos en contra de la posición de sus comunidades educativas.

En una nota, el colectivo de padres indica que “la actuación de la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que pretende cerrar varios centros educativos públicos utilizando eufemismos como ‘integraciones’ o ‘fusiones’, podría ser constitutiva de un posible delito de prevaricación y ultima una demanda en ese sentido ante las instancias judiciales oportunas”.

La FAPA ha mantenido diversas reuniones con las Asociaciones de Padres de Alumnos de los centros educativos afectados, a los que se les comunicó hace meses que serían cerrados con independencia de la opinión de sus comunidades educativas.


En estos encuentros ha recogido “la petición de éstas en el sentido de luchar contra los más que supuestos abusos de los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, y llevará a la consejera ante los tribunales por vulnerar, de forma consciente a juicio de la FAPA y de las APAS de los centros afectados, tanto la legislación emitida por la Consejería y firmada por la propia Figar como las sentencias que ha recibido la Administración educativa madrileña en su contra en los últimos años por sus reiterados desmanes”.

A partir de este momento, las comunidades educativas afectadas y la FAPA empezarán “una campaña de recogida de fondos para financiar estas actuaciones judiciales, algo que no sería necesario si la consejera de Educación se sometiera al Estado de Derecho y no atacara a la escuela pública por el simple hecho de ser pública”.

Un ataque que, entre otras cosas, “se realiza utilizando diversos mecanismos, como impedir a las familias que puedan escolarizar a sus hijos en los centros públicos (de manera que se dirija a las familias hacia otros centros, casi siempre favoreciendo a los privados), o cediendo parcelas y concertando unidades para que los centros privados puedan escolarizar al posible alumnado antes de que la Administración llegue a crear las plazas públicas o para que le quite el alumnado a los centros públicos existentes, privatizando cada vez más la educación”, indica la FAPA.

“La libertad de elección de centro, esa que tanto pregona la Consejera en los medios de comunicación, sólo se permite realmente para las familias que quieran enseñanza privada, negándole el derecho a quienes quieren elegir y mantener sus Proyectos Educativos en los centros educativos públicos”, concluyen los padres.

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