La caverna mediática ha comenzado a establecer analogías entre Arnaldo
Otegi, líder de la izquierda abertzale, y Pablo Iglesias Turrión, cabeza
de lista de Podemos. La comparación me parece estrafalaria e
inconsistente. Otegi, que cumple condena de prisión en el Centro
Penitenciario de Logroño por impulsar un proceso de paz en el conflicto
de Euskal Herria, no es un político tibio y con miedo a perder votos,
sino una figura profundamente comprometida con el socialismo y la
autodeterminación de los pueblos. Su posición es clara y valiente. No
hace ejercicios de funambulismo en la cuerda floja de las batallas
electorales. Su reflexión sobre la violencia nace de su experiencia en
el movimiento de liberación nacional vasco. No desea propagar el odio,
sino el respeto mutuo y la superación de una dinámica de confrontación
que ha sembrado muchísimo dolor. Pide respeto para todas las víctimas y
un ejercicio colectivo de autocrítica. La violencia es un fracaso y, por
razones éticas y políticas, las reivindicaciones deben articularse por
vías exclusivamente pacíficas y democráticas. Sería de agradecer que los
hijos y nietos ideológicos del franquismo manifestaran la misma
voluntad de diálogo, admitiendo que la dictadura cometió un genocidio.
Sin embargo, la respuesta del PP consiste en minimizar las víctimas del
franquismo, cuestionar el carácter criminal y totalitario de la
dictadura, humillar a los familiares de los desaparecidos, exaltar un
patriotismo de cartón piedra y criminalizar a los que protestan.
El abogado Carlos Sánchez Almeida afirma que nos hallamos en “un estado
de excepción no declarado”. Aunque está prohibida la censura previa, ya
existe un seguimiento indiscriminado de usuarios en las redes sociales,
lo cual es abiertamente ilícito. Todo sugiere que se confeccionan
archivos basados en criterios ideológicos, copiando las técnicas del
macartismo. La Guardia Civil no puede actuar de oficio en los casos de
injurias y calumnias, pero no cesa de husmear en la red para inculpar a
internautas. El propósito de la caza de tuiteros –tan parecida a la caza
de brujas- es intimidar a la población, especialmente a los que
cuestionan las políticas de austeridad y desean un porvenir sin
desigualdades. Según Sánchez Almeida, hay “una ofensiva global contra
los derechos fundamentales. […] Se atacan los derechos cívicos, los
sociales, el derecho a la sanidad, a la educación, a la libertad de
expresión”. El objetivo es controlar internet y desarmar a la
ciudadanía, privándoles del último reducto de la libertad. Si a esta
ofensiva, sumamos la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código
Penal, obtendremos el cuadro represivo de una dictadura. Sánchez Almeida
no se muerde la lengua: “En este país no ha habido una revolución
burguesa y llevamos 200 años gobernados por herederos de la Inquisición.
Todos los partidos que han encarnado a la burguesía en este país, y que
en este momento son PP y PSOE, funcionan bajo los postulados del
Antiguo Régimen. Aquí hasta que no haya un salto revolucionario como
hubo en Francia no se solucionará nada. Hay un peso enorme del
caciquismo, como se ve claramente en el caso de Isabel Carrasco”. En
Francia e Inglaterra, sería inimaginable el ataque del PP contra las
libertades ciudadanas: “Hay una diferencia fundamental, las democracias
avanzadas lo son porque decapitaron reyes en su momento. Para que España
sea una democracia del estilo de estos países debería seguir algunos de
sus pasos. La defensa de la libertad de expresión por parte del
Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1996, que paró un intento de
controlar Internet por parte de la administración Clinton, es
inimaginable en España por la casta política y judicial que tenemos”.
Los políticos están al servicio de la clase financiera y los jueces se
limitan a proteger a esa trama corrupta. “Si la justicia española
tuviese los medidos que tienen las justicias de otros países europeos,
la mitad de los políticos españoles estarían en la cárcel”.
Las declaraciones del abogado Carlos Sánchez Almeida coinciden con el
violento desalojo del centro okupado Can Vies de Barcelona. Un enorme
dispositivo policial ha conseguido acabar con una experiencia de 17 años
de convivencia solidaria y autogestión. Una excavadora ha reducido a
escombros el centro de Can Vies, reproduciendo el triste destino de
Kukutza, un gaztetxe del barrio de Rekalde en Bilbao. En un principio,
las instituciones públicas cedieron el edificio al barrio para realizar
actividades lúdicas y culturales. Pronto se convirtió en un sitio de
referencia para los creadores culturales de toda Euskal Herria. Kukutza
impulsó infinidad de iniciativas sociales, solidarias y artísticas:
grupos de danza y escalada, biblioteca, serigrafía, talleres literarios,
teatro, movimientos vecinales, debates. En 2011, se produjo un desalojo
con tácticas militares
. Las protestas se sofocaron con una represión
digna de los peores años del franquismo. El Ayuntamiento alegó que se
utilizaría el solar para construir viviendas, pero desde entonces no ha
hecho nada y los comerciantes se quejan de que el barrio ha perdido su
vitalidad y parte de su prosperidad. En Barcelona, no se han conformado
con demoler Can Vies. En el mejor estilo de las dictaduras fascistas,
los Mossos han atacado La Directa, un medio de comunicación
independiente. Acudieron al local porra en mano y rompieron la luna de
la librería La Ciutat Invisible, provocando que los cristales se
clavaran en la cara y el tórax de un trabajador. Ya en la calle,
aporrearon a una reportera de la Cadena Ser. ¿Volveremos a presenciar
una masacre como la de Vitoria-Gasteiz, que costó la vida a cinco
trabajadores el 3 de marzo de 1976? ¿Por qué han demolido Can Vies y
Kukutza? Porque el régimen del 78 no acepta que surjan brotes de poder
popular, espacios alternativos que respondan con solidaridad, cultura y
convivencia a la agresión neoliberal, que está liquidando los derechos
sociales, laborales, políticos y humanos de la ciudadanía. España es un
estado de excepción, donde prospera la brutalidad policial, la pobreza y
la corrupción de la casta política y empresarial. Hace poco, hice en
coche el recorrido Madrid-El Escorial. Partí del Arco del Triunfo de
Moncloa y pasé cerca del Valle de los Caídos, antiguo campo de
concentración franquista. Sentí tristeza, asco y vergüenza. La geografía
española está salpicada de monumentos fascistas y un significativo
sector de la población añora la dictadura. A pesar de la caída del PP en
las recientes elecciones europeas, no encuentro motivos para contemplar
el porvenir con esperanza.RAFAEL NARBONA
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